Trump endurece vigilancia financiera: remesas de mexicanos quedan bajo la lupa
- 20 may
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El decreto, titulado “Restaurando la integridad al sistema financiero de Estados Unidos”, instruye a bancos y entidades financieras a monitorear operaciones pequeñas, frecuentes y realizadas a través de plataformas digitales, especialmente aquellas vinculadas a cuentas con ITIN, el número fiscal utilizado por personas sin estatus migratorio regular.
Aunque la medida no prohíbe el envío de remesas, sí apunta directamente al tipo de transacciones más comunes entre migrantes mexicanos, al considerar que pueden facilitar lavado de dinero, tráfico de personas, evasión fiscal y financiamiento ilícito, según el documento oficial.
El Departamento del Tesoro deberá emitir en un plazo de 60 días lineamientos específicos sobre operaciones consideradas “sospechosas”, entre las que destacan transferencias internacionales de bajo monto, uso de aplicaciones “peer-to-peer”, depósitos repetitivos y patrones financieros fuera de nómina.
Además, la orden abre la posibilidad de que las instituciones financieras soliciten mayor documentación migratoria, como pruebas de residencia legal o autorización de trabajo, lo que podría impactar el acceso de migrantes al sistema bancario.
En México, el impacto potencial es relevante. Las remesas se han consolidado como uno de los principales ingresos del país, con 61 mil 776 millones de dólares en 2025 y 14 mil 456 millones entre enero y marzo de 2026, de acuerdo con el Banco de México. Solo en marzo de este año se registró un récord mensual de 5 mil 394 millones de dólares.
Datos del Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos (CEMLA) indican que alrededor de 9.8 millones de adultos y 4.5 millones de hogares en México dependen directamente de estos recursos, que sostienen economías regionales en estados como Michoacán, Guanajuato, Jalisco, Zacatecas y Puebla.
Relaciones internacionales México
El decreto también incluye disposiciones sobre el acceso al crédito, al señalar que los migrantes sin autorización legal representan un “riesgo financiero”, debido a la posibilidad de perder ingresos ante deportaciones. En ese sentido, se advierte que otorgar financiamiento a este sector podría implicar una “deficiencia estructural” en la capacidad de pago.
Esto podría traducirse en mayores restricciones para obtener hipotecas, créditos automotrices, tarjetas de crédito y apertura de cuentas bancarias, mientras que el Buró de Protección Financiera del Consumidor evaluará reglas para considerar la deportación como factor de riesgo crediticio.
Especialistas advierten que el endurecimiento de controles podría derivar en demoras en transferencias, rechazo de operaciones, mayores requisitos documentales y aumento en costos, así como el posible desplazamiento hacia canales informales.
La medida forma parte de la estrategia de la administración Trump para reforzar el control migratorio desde el ámbito financiero y limitar la operación de personas sujetas a deportación dentro del sistema bancario estadounidense.
FUENTE: SONORA-PRESENTE
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