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"Se encabrita la ministra del pueblo", Lenia Batres llama “carroñeros” a periodistas que cuestionaron su doctorado

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La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Lenia Batres, llamó “carroñeros” a los periodistas que cuestionaron su doctorado y sostuvo que el grado académico que recibió de la Universidad Tepantlato no es honorífico.
La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Lenia Batres, llamó “carroñeros” a los periodistas que cuestionaron su doctorado y sostuvo que el grado académico que recibió de la Universidad Tepantlato no es honorífico.

El pasado 5 de noviembre, Batres informó que obtuvo el título de Doctora en Derecho Constitucional por esa institución. En un video difundido en sus redes sociales, aseguró que cursó “más de dos años de estudios” para obtenerlo.

La ministra rechazó las versiones que, según dijo, confundieron su grado académico con un doctorado honoris causa. “Yo no ostento nada que no tengo”, declaró, al señalar a comunicadores que afirmaron que presumía un reconocimiento honorífico de la universidad.

Batres consideró que las críticas también buscaban desacreditar a la Universidad Tepantlato, a la que describió como una institución privada mexicana con más de 30 años de existencia y presencia entre integrantes del Poder Judicial. Aseguró que ahí se han formado jueces y magistrados federales de la Ciudad de México.



Como ejemplos, mencionó al magistrado Rafael Guerra Álvarez, presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, de quien dijo que cursó la maestría y el doctorado en Tepantlato. También nombró al ministro en retiro Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien, de acuerdo con Batres, realizó ambos posgrados en esa casa de estudios. Añadió que dos magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación también egresaron de la institución, aunque no dio sus nombres.

La ministra reconoció que le habría gustado presentar un título de la UNAM, institución por la que expresó respeto y orgullo, pero explicó que las responsabilidades laborales y el tiempo disponible influyen en la elección de dónde estudiar. Señaló que cursó una maestría y tiene pendiente un doctorado en Estudios de la Ciudad.

Batres detalló que obtuvo mención honorífica en una maestría de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM), cuya tesis abordó las formas de gobierno local de la capital a lo largo de su historia. También estudió una maestría en Gestión Pública en la Escuela de Administración Pública de la Ciudad de México, donde investigó políticas urbanas de vivienda y propuso un programa habitacional para la entidad.

Asimismo, indicó que terminó una maestría en Derecho Penal en la Universidad Humanitas en 2011. Posteriormente regresó para actualizarse en el sistema penal acusatorio y los juicios orales, proceso que le tomó casi un año antes de titularse.



La ministra confirmó que recibió un doctorado honoris causa hace aproximadamente 10 años, aunque aclaró que no lo presume porque “no tiene valor curricular”. En contraste, defendió que su doctorado en Derecho Constitucional corresponde a estudios realizados y ofreció mostrar el título a quien quisiera conocerlo. También afirmó que Tepantlato “es 100 por ciento mexicana, no es Oxford, no es Harvard, no es Yale”.

En otro tema, la SCJN validó el pasado 21 de octubre la entrega directa de al menos 10 por ciento de los recursos del FAIS a pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, medida prevista en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2026. El Pleno concluyó que permite ejercer derechos establecidos en el artículo 2 constitucional, como la personalidad jurídica, el patrimonio propio y la capacidad de recibir y administrar recursos públicos.

Durante esa sesión, Batres sostuvo que el autogobierno indígena y afromexicano debe acompañarse de transferencias presupuestales directas. Recordó que la anterior integración de la Suprema Corte invalidó una ley de Michoacán que contemplaba distribuir recursos municipales entre comunidades indígenas.

La ministra citó la controversia constitucional 17/2022, relacionada con la comunidad de Crescencio Morales. El debate, realizado en abril de 2024 durante siete sesiones, analizó si esa comunidad podía recibir recursos del municipio pese a la existencia de una ley aprobada por el Congreso de Michoacán.

La ministra Yasmín Esquivel respondió que ese criterio fue superado mediante el amparo directo en revisión 782/2024, resuelto el 2 de julio de 2025. Según Esquivel, esa decisión siguió la misma línea argumentativa del proyecto discutido por el Pleno el 21 de octubre y señaló a Batres que su voto en ese sentido fue en contra.


FUENTE: SONORA-PRESENTE


 
 
 

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