Petroleras de EE.UU. denuncian peligro de inversiones en México al T-MEC

De nueva cuenta el Gobierno de México provoca el desacuerdo y molestia entre los inversionistas de la industria del petróleo y gas de Estados Unidos quienes de manera preocupante lo han acusado de violar impunemente el Tratado Comercial de América del Norte (T-MEC) y urgió a la Administración de Donald Trump insertar un Mecanismo de Respuesta Rápida que evite discriminar a favor de la paraestatal Petróleos Mexicanos (Pemex).

«Algunos miembros de API consideran que sus recientes inversiones en México que van desde la expansión de la producción de petróleo y gas natural hasta la venta minorista de combustible, están en peligro, lo que los lleva a tener que retirarse», añadió API insistiendo al USTR sobre las prácticas del Gobierno mexicano.

En un escrito ante la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, en inglés), casi 600 firmas energéticas representadas por el Instituto Estadounidense del Petróleo (API, en inglés) aseguraron que la revisión del T-MEC en 2026 ofrece la oportunidad para corregir las presuntas violaciones de México.

«La experiencia de la industria del petróleo y gas natural muestra que México ha violado sus compromisos del T-MEC de forma impune y persistente, por lo que la revisión conjunta del T-MEC es una oportunidad para que Estados Unidos busque rectificar estas violaciones y endurezca el T-MEC para evitarlas al futuro», dijo el API.

Niega SCJN aplazar caso Salinas tras oferta de ajustar deuda

El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) Hugo Aguilar Ortiz rechazó aplazar los litigios en materia fiscal de las empresas de Ricardo Salinas Pliego, que lo habían solicitado con base en una carta presentada al Gobierno para «ajustar» los montos que deben.

Grupo Elektra y TV Azteca pidieron no dictar sentencia en siete recursos pendientes en la Corte contra créditos fiscales que suman 33 mil 477 millones de pesos argumentando que, si el Servicio de Administración Tributaria (SAT) acepta su oferta de ajuste, por lo que ya no sería necesaria la intervención del máximo tribunal.

«En relación con la petición de que la sentencia sea dictada hasta que la autoridad correspondiente ajuste el crédito fiscal, dígase a la recurrente que no existe disposición legal que faculte al Ministro Presidente suspender el dictado del fallo», respondió en los siete expedientes el ministro presidente Aguilar Ortiz.

FUENTE: UNOMASUNO