Narcoacusaciones asedian a la 4T: aumentan los señalamientos
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A las acusaciones hechas públicas por el Departamento de Justicia contra funcionarios de Sinaloa se suma ahora una nueva revelación de The New York Times: integrantes de Morena habrían comenzado a compartir información con autoridades estadounidenses sobre otros miembros del partido.
De acuerdo con el rotativo neoyorquino, al menos una decena de funcionarios mexicanos han buscado establecer contacto con agencias de Estados Unidos para proporcionar información relacionada con presuntos nexos de otros actores políticos con organizaciones del narcotráfico.
La publicación sugiere que, ante el avance de las investigaciones estadounidenses, algunos funcionarios optaron por colaborar con las autoridades para deslindarse o aportar datos sobre otros integrantes del movimiento.
El diario The New York Times reveló que autoridades de Estados Unidos mantienen investigaciones por corrupción contra los gobernadores de Morena Alfonso Durazo, de Sonora, y Américo Villarreal Anaya, de Tamaulipas, de acuerdo con fuentes cercanas a las indagatorias.
Según el reporte, al menos cinco personas familiarizadas con los casos, que no estaban autorizadas para hablar públicamente, confirmaron que ambos mandatarios estatales se encuentran entre los objetivos de estas investigaciones.
El medio también señaló que al menos 12 funcionarios electos en México, incluidos gobernadores y legisladores de distintos partidos, han buscado contacto con autoridades estadounidenses para ofrecer información sobre otros políticos.
De acuerdo con las fuentes citadas, varios de estos funcionarios han iniciado conversaciones con el Gobierno de Estados Unidos, en algunos casos con la intención de anticiparse a posibles investigaciones en su contra. “Muchos de estos funcionarios buscan adelantarse a las investigaciones que temen que pronto se centren en ellos”, indicó el diario.
El reporte apunta que esta dinámica de cooperación se da en el contexto de una iniciativa de la Administración de Donald Trump, en la que la DEA habría impulsado acercamientos privados con funcionarios mexicanos, tras diversas acusaciones en Estados Unidos contra servidores y ex servidores públicos por presuntos vínculos con el narcotráfico.
Asimismo, el periódico destacó que estos contactos se han realizado de manera discreta y abarcan tanto a integrantes del partido gobernante como a representantes de otras fuerzas políticas.
Durazo exige rectificación al NYT por señalamientos de investigación en EU
El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, solicitó formalmente a The New York Times rectificar la publicación en la que se le vincula con una presunta investigación en Estados Unidos, al asegurar que no existe sustento verificable ni información oficial que respalde dichas afirmaciones.
A través de una carta dirigida a A. G. Sulzberger, editor y presidente del diario, y a Joseph Kahn, editor ejecutivo, el mandatario estatal sostuvo que no ha sido notificado por ninguna autoridad, ni en México ni en el extranjero, sobre alguna indagatoria en su contra.
“No he recibido notificación alguna por parte de autoridad competente, en México o en el extranjero, sobre la existencia de investigación alguna en mi contra. Tampoco existe actuación oficial conocida que respalde las afirmaciones publicadas”, señaló.
Durazo argumentó que la información difundida por el medio estadounidense retoma versiones previamente publicadas por Los Angeles Times sin aportar evidencia adicional, objetiva o verificable.
En ese sentido, indicó que la rectificación de contenidos sin sustento constituye una obligación ética del ejercicio periodístico, por lo que solicitó que el diario aclare de manera expresa que no cuenta con información oficial confirmada que lo vincule con alguna investigación.
Asimismo, pidió que dicha aclaración tenga una relevancia similar a la publicación original, con el objetivo de que futuras consultas reflejen la falta de información oficial que sustente los señalamientos.
El gobernador subrayó que su solicitud no busca limitar la libertad de prensa, sino restablecer el equilibrio ante una imputación pública que, afirmó, carece de sustento verificable.
FUENTE: SONORA-PRESENTE
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