México gastará más en los intereses de su deuda que en la salud de todos los mexicanos
El año que entra el Estado pagará 1.6 billones de pesos sólo de intereses: 4% del PIB, más que todo el gasto en salud. El costo financiero absorbe 69 de cada 100 pesos disponibles, el nivel más alto desde 1990. El miércoles los diputados aprobaron 1.7 billones de deuda nueva en una tarde
No de deuda: de intereses. Es el costo financiero, el renglón que paga el dinero prestado sin amortizar un solo peso del principal. Equivale a 4.0% del producto interno bruto, el segundo nivel más alto desde 1991, apenas debajo del de este año.
Para que se entienda el tamaño: el gasto público en salud de todo el país —IMSS, ISSSTE, IMSS-Bienestar, hospitales, medicinas, cirugías, los 48 mil médicos que el sexenio pasado presumía haber contratado— equivale a 2.9% del PIB, según el CIEP, menos de la mitad del 6% que recomiendan los organismos internacionales.
Pagar intereses cuesta más que curar al país. Un punto completo del PIB de diferencia.
Eso es lo que aprobó la Cámara de Diputados el miércoles, y hay que decirlo sin la anestesia del lenguaje presupuestal. 331 votos contra 118: Ley de Ingresos 2027, 10.6 billones de pesos de ingresos totales y 1.7 billones de deuda interna nueva. Ayer se votó en lo particular. Pasa al Senado, donde no habrá sorpresas.
El priista Jericó Abramo dejó la frase de la sesión y es exacta: "Pedimos prestado al banco para pagar los intereses a la tarjeta de crédito."
Aquí está la cifra que debería encabezar cualquier discusión sobre las finanzas públicas de este país y que no encabeza ninguna. Según México Evalúa, el costo financiero de la deuda absorbe 69 de cada 100 pesos de los ingresos disponibles del gobierno federal. Es el porcentaje más alto desde 1990. En 1994 fue de 17.
Sesenta y nueve de cada cien pesos. Lo que queda para que exista un Estado son treinta y uno.
El saldo tampoco es un detalle. El Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público —la medida más amplia de la deuda pública, la que no se puede maquillar— llegará en 2027 a 55% del PIB: alrededor de 21.7 billones de pesos, unos 160 mil pesos por habitante. El nivel más alto desde 1990. Lo reconoce la propia Secretaría de Hacienda en los Criterios Generales de Política Económica, como documentó este semanario con el reporteo de Camila Ayala Espinosa. En junio la deuda era 51% del PIB. La proyección oficial llega a 56.4% en 2030.
Hacienda explica el salto por dos causas: un mayor costo financiero y un tipo de cambio más alto, que encarece en pesos la deuda contratada en dólares. Las dos son ciertas. Y las dos describen un país que ya no decide el precio de su propio dinero.
Ahora el dato que convierte todo lo anterior en una decisión política y no en una fatalidad.
El endeudamiento neto propuesto para 2027 es de 3.9% del PIB. El nivel que haría falta para que la deuda deje de crecer como proporción de la economía es de 2.5%. Es decir: el gobierno pidió 57% más de lo necesario para estabilizarla. Esto no es un paquete que detiene el endeudamiento y falla por circunstancias ajenas. Es un paquete cuyo diseño hace crecer la deuda, con la promesa de estabilizarla después y con una condición escrita en el propio documento: que funcionen los cambios fiscales.
El problema no es el nivel. Es para qué se pidió prestado y en qué se convirtió el presupuesto.
Porque un país puede endeudarse hasta el cuello para construir. Éste se endeudó para sostener. En el primer semestre de este año, el pago de intereses fue 1.8 veces lo que el gobierno gastó en inversión en obra pública. La inversión pública total de 2027 cae 12.3% en términos reales. Y del presupuesto de 10.63 billones, 8.53 billones —80.2%— es gasto obligatorio: lo que ya está comprometido antes de que nadie se siente a decidir nada.
Treinta y nueve de cada cien pesos del gasto se van a intereses y pensiones. Treinta y cinco a desarrollo humano y crecimiento económico.
Dicho de otro modo: el gobierno federal no administra un presupuesto. Administra una herencia de compromisos, y cada año la parte que puede decidir es más pequeña. El margen fiscal completo del país es de 1.6% del PIB. Con eso hay que pagar las prioridades, las emergencias, los huracanes, las promesas de campaña y lo que se le ocurra a quien gane en 2030.
Falta la pregunta que nadie hizo el miércoles: ¿de dónde va a salir el dinero?
La Ley de Ingresos supone un crecimiento real de la recaudación de 5.9%. De eso, apenas unos dos puntos se explican por crecimiento económico; los otros 3.9 dependen de cambios fiscales. Y el antecedente inmediato no ayuda: en 2026 la recaudación se estancó —0.4% real—, el ISR cayó 6.2% y el de las empresas 11.3%. En julio, los ingresos del sector público estaban 170 mil 306 millones de pesos por debajo de lo planeado. Hacienda proyecta 2.0% de crecimiento para 2027; los analistas privados, 1.8.
Súmenlo: una recaudación que no creció, una economía que no va a crecer mucho, intereses que se comen 69 de cada 100 pesos disponibles y una meta de ingresos que depende de cobrar más y mejor a los que ya pagan.
El mismo miércoles, unas horas después, el Senado aprobó por 69 votos contra 32 la Ley General para el Fortalecimiento y Armonización Catastral y Registral: una Clave Única Catastral para cada inmueble del país, amarrada al Registro Público de la Propiedad, operando a partir del 1 de enero de 2027 con 180 días para que los municipios armonicen sus tablas de valores, que es exactamente donde se calcula el predial. No sube ninguna tasa. No hace falta: basta actualizar la base. La oposición le dijo predialazo y Morena lo negó. Los dos tienen razón en lo técnico. La pregunta es por qué justo ahora y la respuesta son los 1.6 billones.
Y el martes y miércoles, casi medio millón de trabajadores del IMSS votaron si aceptaban 2.9% de aumento al salario tabular. Participó el 59.47% de los 474 mil convocados y ganó el "no": en la sección 33, 11 mil 163 votos contra 3 mil 955. La Presidenta lo llamó una votación libre y lo fue. Pedían diez por ciento.
Pero el 2.9% no es tacañería, ni un error de cálculo del IMSS, ni la terquedad de un líder sindical. Es el resto. Es lo que queda cuando primero se paga el servicio de la deuda, luego las pensiones, luego las participaciones a los estados, luego los programas que no se pueden tocar porque están en la Constitución y al final aparece el renglón de quienes sostienen los hospitales.
Un Estado que destina 69 de cada 100 pesos disponibles a intereses no tiene política salarial. Tiene sobras.
Se debe nombrar lo que está ocurriendo porque ya no es un riesgo futuro: es el presente. La deuda dejó de ser el instrumento con el que el Estado se financia. Se volvió el principal destino de lo que el Estado recauda.
Ya no es que la deuda financie al país. Es que el país financia la deuda.
FUENTE: PROCESO
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