FGR catea el INE por la corrupción del clan Taddei

Agentes federales ingresaron la mañana del miércoles a la Dirección de Recursos Materiales y Servicios, una de las áreas responsables de los procedimientos de contratación del organismo. La diligencia ocurrió en la Torre Zafiro, al sur de la Ciudad de México, donde también opera el Órgano Interno de Control (OIC).
El área intervenida estuvo encabezada hasta hace unas semanas por Mario Alfonso Burciaga Esparza —identificado como colaborador cercano de Guadalupe Taddei—, quien presentó su renuncia luego de aparecer en un video durante una celebración privada en la que también participó el empresario José Alfredo Hernández Casillas.
El Dato: El senador Óscar Cantón pidió que las indagatorias se extiendan a los familiares y colaboradores de Taddei.
Durante la intervención, agentes de la Policía Federal Ministerial, adscritos a la Agencia de Investigación Criminal (AIC), inspeccionaron equipos de cómputo y archivos físicos de esa oficina para recabar información sobre los procedimientos irregulares de contratación del organismo.
El operativo estuvo a cargo de elementos de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEADLE), con participación de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO). Ambas instancias intervienen en las pesquisas por posibles delitos relacionados con recursos públicos, así como los vínculos entre funcionarios federales y empresarios.
Las investigaciones judiciales abarcan posibles conductas de cohecho, peculado, tráfico de influencias, ejercicio abusivo de funciones y uso ilícito de atribuciones y facultades. La FGR deberá determinar si existen elementos para acreditar responsabilidades penales entre los antiguos servidores públicos y las empresas involucradas.
Por separado, el OIC presentó seis denuncias penales contra funcionarios, excolaboradores y personas morales por posibles delitos relacionados con la administración de recursos. Su titular, Víctor Hugo Carvente Contreras, notificó estas acciones a la Cámara de Diputados el pasado 6 de noviembre.
Además de las acusaciones ante el Ministerio Público Federal, este órgano emplazó a ocho personas y una empresa para comparecer en procedimientos administrativos por presuntas faltas graves. Los expedientes también podrían llegar al Tribunal Federal de Justicia Administrativa, conforme al resultado de las investigaciones.
El propio INE presentó una denuncia institucional el 6 de noviembre para solicitar que las autoridades investiguen las posibles conductas delictivas relacionadas con sus contrataciones, sin limitar el alcance de las pesquisas a una administración específica. En su posicionamiento, sostuvo que el procedimiento busca proteger los recursos públicos “sin distinción de personas, cargos, responsabilidades o periodos de gestión”.
La inspección comenzó el miércoles 11 de noviembre por la mañana y se prolongó hasta alrededor de las 17:00 horas del jueves, según fuentes del instituto. Al cierre de las diligencias, la FGR no había informado qué documentación obtuvo durante el cateo, ni si existían órdenes de aprehensión relacionadas con el caso.
FUENTE: LA RAZÓN

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