15 escándalos sacuden a la 4T en ocho años; una renuncia y ningún alto funcionario en prisión
Una revisión de EL UNIVERSAL documenta denuncias por corrupción, desvíos de recursos, conflictos de interés y presuntos vínculos criminales durante los gobiernos de Morena. Aunque existen investigaciones y detenciones, los principales personajes políticos señalados no han recibido condenas
De acuerdo con una revisión publicada por EL UNIVERSAL, los casos abarcan desde irregularidades en organismos federales y obras emblemáticas del gobierno de Andrés Manuel López Obrador hasta investigaciones por presuntos vínculos con el crimen organizado y contrataciones cuestionadas durante la administración de Claudia Sheinbaum.
El episodio más reciente es la renuncia de Guadalupe Taddei Zavala a la presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE), ocurrida en octubre de 2026, después de revelaciones sobre presuntos conflictos de interés, contratos irregulares y relaciones con proveedores electorales.
Pese a las investigaciones sobre posibles desvíos de recursos y abuso de funciones, hasta el momento no se han determinado responsabilidades penales contra la expresidenta del organismo electoral.
Otro de los casos de mayor alcance es el de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), organismo creado durante el sexenio de López Obrador y encabezado inicialmente por Ignacio Ovalle.
Las investigaciones por presuntos desvíos millonarios alcanzaron a exfuncionarios como René Gavira Segreste y Manuel Lozano Jiménez, contra quienes la Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo órdenes de aprehensión. Sin embargo, de acuerdo con la revisión periodística, el expediente continúa sin sentencias definitivas contra los principales señalados.
En Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México (Birmex) también surgieron investigaciones por presuntas irregularidades en la compra consolidada de medicamentos. En abril de 2025, la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó la separación de seis funcionarios, mientras se reportaba la existencia de al menos 13 investigaciones.
El denominado huachicol fiscal representa otro de los expedientes que han alcanzado a personajes relacionados con el gobierno federal.
En marzo de 2025, las autoridades aseguraron aproximadamente 10 millones de litros de combustible en Tampico, Tamaulipas, en el marco de investigaciones sobre presuntas redes de contrabando.
Entre los militares señalados aparecen los hermanos Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, familiares políticos del exsecretario de Marina José Rafael Ojeda Durán.
En las investigaciones también surgieron referencias a Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente, después de que testimonios señalaran que su nombre habría sido utilizado para facilitar operaciones relacionadas con combustible ilegal.
No obstante, la FGR informó que carecía de elementos suficientes para iniciar una investigación contra López Beltrán.
Los señalamientos también alcanzan a Ana Gabriela Guevara, quien dirigió la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) entre 2018 y 2024.
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) presentó cinco denuncias penales por irregularidades detectadas en las cuentas públicas de 2019 a 2022, sin que hasta ahora se hayan reportado detenciones derivadas de esos expedientes.
Entre las obras prioritarias del sexenio anterior también figuran el Tren Maya y la Refinería Olmeca de Dos Bocas.
En el Tren Maya, la ASF identificó observaciones relacionadas con presuntos pagos a sobreprecio, anticipos, diferencias en volúmenes de obra y deficiencias en la supervisión de contratos.
Existen al menos cinco denuncias penales relacionadas con Rogelio Jiménez Pons y otros exdirectivos del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), aunque las investigaciones no habían derivado en procesos penales, según el recuento periodístico.
Respecto a Dos Bocas, el proyecto pasó de una estimación inicial de 8 mil millones de dólares a un costo superior a los 20 mil millones. Las controversias derivaron en al menos 35 denuncias contra la exsecretaria de Energía Rocío Nahle, sin que se hayan judicializado.
También permanece entre los casos señalados la llamada Casa Gris, relacionada con José Ramón López Beltrán, hijo del expresidente, y su esposa Carolyn Adams, quienes habitaron una residencia en Houston vinculada a un entonces ejecutivo de Baker Hughes, empresa contratista de Pemex.
En ese expediente, las autoridades anticorrupción concluyeron que no existían elementos para acreditar un conflicto de interés.
A la lista se agregan las investigaciones relacionadas con Jorge Amílcar Olán Aparicio y Alejandro Castro Jiménez Labora, empresarios identificados como cercanos a Andrés Manuel López Beltrán y señalados en diversas denuncias por presuntas irregularidades contractuales.
Otro episodio involucró a Marcelo Patrick Ebrard Ramos, hijo del secretario de Economía, Marcelo Ebrard, después de que se revelara que permaneció aproximadamente seis meses alojado en la residencia oficial de la Embajada de México en Londres.
El funcionario reconoció la estancia en abril de 2026, pero sostuvo que no existió utilización indebida de recursos públicos.
También figuran los videos de Pío López Obrador, hermano del expresidente, en los que aparece recibiendo dinero en efectivo para presuntas aportaciones políticas. En agosto de 2025, el INE resolvió que no había pruebas suficientes para establecer que esos recursos beneficiaron a Morena.
Entre los expedientes de mayor gravedad se encuentran las acusaciones presentadas por autoridades estadounidenses contra Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, y otros nueve funcionarios y exfuncionarios, por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.
Estados Unidos solicitó su detención con fines de extradición, pero las autoridades mexicanas señalaron insuficiencia de elementos probatorios para proceder conforme a la legislación nacional. La acusación estadounidense no constituye una sentencia condenatoria.
En Tabasco, otro escándalo surgió tras la captura de Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad Pública estatal señalado como dirigente del grupo criminal La Barredora durante la administración del entonces gobernador Adán Augusto López Hernández.
Según la revisión, existen 37 denuncias penales relacionadas con Adán Augusto López, archivadas ante la falta de evidencias suficientes para acreditar su responsabilidad.
El recuento incluye además 209 denuncias contra delegados del gobierno federal por presuntas irregularidades en el manejo de programas sociales entre 2018 y 2024. De ellas, 181 expedientes fueron archivados por las autoridades anticorrupción.
Otro caso corresponde a María Elena Álvarez-Buylla, exdirectora del Conahcyt, por la presunta adjudicación de un contrato superior a cuatro millones de pesos a un despacho de arquitectos relacionado con el diseño de la vivienda de su hija.
Las revelaciones originaron tres denuncias administrativas y una penal, sin que se hayan reportado sanciones derivadas del expediente.
Ante este panorama, la excomisionada del INE Jacqueline Peschard consideró que existe una falta de autonomía institucional que dificulta las investigaciones contra funcionarios de alto nivel.
La especialista señaló que la acumulación de controversias provoca que los nuevos escándalos desplacen a los anteriores, dificultando el seguimiento público de las investigaciones.
Por su parte, Norma Julieta del Río Venegas, excomisionada del desaparecido Instituto Nacional de Transparencia (Inai), cuestionó el funcionamiento de las instituciones encargadas de combatir la corrupción y advirtió sobre el riesgo de normalizar este tipo de señalamientos.
La revisión de EL UNIVERSAL distingue entre denuncias, investigaciones administrativas, procesos judiciales y responsabilidades acreditadas. La existencia de señalamientos o expedientes abiertos no implica que las personas involucradas hayan cometido delitos, mientras que las autoridades competentes deben determinar las responsabilidades en cada caso.
fuente: sonora-presente
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